“Yo no vide más de una casa, la cual dijeron
ser del cacique…” decía
Juan Dávila de su llegada -con Juan Vazquez de Coronado- al pueblo de Acserrí,
en 1596. Carlos Benavides explica que los exploradores se encontraron con una
población “escasa y dispersa dentro del Valle Central” con un “carácter
diluido” y una “gran
proliferación de estructuras administrativas”, lo que “determinó que fuera
difícil que se constituyera un estado fuerte, fundado sobre tributos y el
urbanismo, como sí sucedió dentro de la sociedad azteca e inca.” (Revista de
Estudios UCR, 1985)
La reducida población, el asentamiento basado
en ranchos dispersos y el uso extensivo de los recursos naturales, facilitó el
proceso de subyugación para los españoles, quienes a modo de mofa, perpetuaron
la frase “más caciques que indios”, para referirse a las dificultades de
coordinación entre los indígenas que terminaron por garantizar su derrota.
Cuatrocientos veinticuatro años más tarde, los
habitantes del Valle Central seguimos enfrentando grandes retos en torno a los
tributos y el urbanismo. Mientras nos preparamos para elegir las 186 regidurías
que -durante los próximos cuatro años- dictarán las distintas medidas de ordenamiento
urbano en los 31 cantones de nuestra Gran Área Metropolitana (GAM), es prudente
meditar sobre las implicaciones cotidianas del esquema geopolítico que
heredamos de Pacara, el Guarco y Garabito, y si este es congruente con nuestra
realidad actual o debe cambiar.
Es imposible evitar las comparaciones con el
pueblo Huetar. La GAM tiene una población pequeña si se compara con otras
ciudades latinoamericanas, pero es una gran (¡gran!) área metropolitana si se
analiza en función de su consumo de territorio y recursos naturales; tan
extensa como Bogotá, São Paulo o Ciudad de México, pero dividida entre 31
realidades administrativas y casi 200 tomadores de decisiones.
Otras ciudades de la región con una escala
territorial similar operan de forma más eficiente:
· Bogotá -con sus 7,3 millones de
habitantes- tiene solo 45 regidurías.
· La Ciudad de México (8,5 millones de
habitantes) tiene 66 congresistas.
· São Paulo (11,3 millones de
habitantes) tiene 55 vereadurías.
En promedio, las grandes ciudades
latinoamericanas eligen 1 representante por cada 165 mil habitantes, mientras
el GAM 1 por cada 11 mil. El producto inevitable de esto es bien conocido:
infraestructuras troncadas, congestionamientos hasta donde alcanza la vista,
ríos ahorcados, asentamientos informales fuera de control y una tramitología
compleja y engorrosa.
Nuestras “mini-cipalidades” tienen una escala
adecuada para prestar algunos servicios básicos -como la recolección de
desechos, limpieza de vías o mantenimiento de parques- pero definitivamente, la
planificación del territorio urbano les queda grande.
¿Necesitamos replantear la división
administrativa del territorio? Probablemente, pero aún nos quedan algunos
trucos debajo de la manga. Los artículos 63 y subsecuentes de nuestra Ley de
Planificación Urbana (LPU) plantean una estructura con el potencial de unificar
nuestra ciudad: La Oficina de Planeamiento del Área Metropolitana de San José
(OPAM).
Desde 1968 nuestros legisladores idearon este
órgano intermunicipal adscrito al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
Está conformado por técnicos de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto
Costarricense de Electricidad, los Municipios del Área Metropolitana y los
Ministerios de Transportes, Educación y Salud.
La OPAM cuenta con una fuente de financiamiento
estable e independiente de los fondos del Ministerio de Hacienda, gracias al aporte
del 1% del presupuesto anual de las municipalidades de San José, Escazú,
Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca,
Curridabat y cualquier otra municipalidad aledaña que acuerde prestar este
servicio de forma permanente (Art. 62).
Los productos de planificación generados por
este servicio -a diferencia del PRUGAM y el POTGAM- adquieren fuerza de Ley
(Art. 64) lo cual garantiza su aplicación inmediata.
A pesar de todas estas facilidades, la OPAM nunca
ha operado. Ninguna de las instituciones involucradas ha accionado la
constitución de la oficina, sino que cada una ha procurado una actuación territorial
segregada, dispersa y diluida, como ha sido la costumbre de los habitantes de
este valle, desde tiempos sin memoria.
¿Podremos superar el legado urbano de nuestros
ancestros y conciliar nuestras realidades fracturadas?
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