¡Es la ecología e...conomistas!

Este 15 de agosto, el Instituto Nacional de Investigación Espacial (Brasil) publicó fotografías satelitales en las que se aprecia la magnitud de las quemas, que, con fines de abrir espacio para la actividad humana, se han realizado en el Bosque del Amazonas. Hoy el bosque sigue en llamas, acercándonos minuto a minuto al “punto de no retorno” del calentamiento global. 

A pesar del altísimo riesgo que este evento representa para el futuro del planeta, los resultados de búsqueda más populares para las palabras “amazon” y “fire” -en casi cualquier buscador en línea- sugieren que los cibernautas están más interesados en el último reproductor multimedia del gigante del e-comerce; que en el apocalipsis ambiental que se cierne sobre la humanidad.

 ¿Qué pasa?

 “¡La economía, estúpido!” El slogan de la campaña de Clinton en el 92, resume la dura y grotesca lección de sostenibilidad que nos dejó el Siglo XX: La vida ciertamente depende de la protección del ambiente, ¡pero también de la explotación de los recursos naturales! El “Pulmón del Planeta” no es sostenible, simplemente porque el 50% de los habitantes de la región amazónica -una de las más ricas en recursos del mundo- vive debajo de la línea de la pobreza.

Estas desigualdades son producto de una indebida distribución de las cargas y beneficios que genera el ordenamiento territorial. Los planes reguladores (POTS) tradicionalmente adoptan la receta de dividir el territorio en zonas (urbanas, rurales y de conservación), pero no consideran las repercusiones económicas que esa práctica tiene sobre las comunidades: Mientras algunos propietarios tienen la posibilidad de explotar económicamente sus terrenos, otros hacen frente al costo de proteger el ambiente sin recibir una compensación económica por este servicio.

Esto también supone -al menos en Costa Rica- un conflicto normativo, porque mientras los reglamentos de desarrollo urbano territorializan esta desigualdad, el artículo 50 de la Constitución política obliga al Estado a estimular la producción y distribuir adecuadamente la riqueza para garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Existen subvenciones -como la exención del pago del impuesto a los bienes inmuebles (Ley 7509)- y compensaciones -como el pago de servicios ambientales (PSA) de la Ley 7575- que remuneran la conservación que emprenden los propietarios de las áreas de protegidas. Pero estos mecanismos no distribuyen adecuadamente las cargas y los beneficios de la planificación territorial y el PSA, depende del impuesto a los hidrocarburos, financiamiento que resultará insostenible si el país avanza hacia la descarbonización.

Para distribuir equitativamente la riqueza que genera el ordenamiento territorial y garantizar un desarrollo urbano verdaderamente sostenible, es necesario comprender la relación que existe entre la conservación de los ecosistemas y la planificación de las ciudades, entre el derecho a un ambiente sano y el derecho a la ciudad.

Henry Lefebvre -sociólogo y filósofo francés- formuló este concepto en su libro “Derecho a la Ciudad” (1968); para el autor, la planificación del territorio debía garantizar a todas las personas el acceso al suelo, la economía y la vida urbana; pues estos se entretejen finamente para formar el hábitat natural del ser humano. El derecho a la ciudad y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son las dos caras de la moneda de la sostenibilidad.

Por esto, el artículo 31 de la Ley Orgánica del Ambiente ordena a las Municipalidades utilizar intensivamente su suelo urbano. La lógica detrás de esta norma es sencilla: entre más denso, mixto y eficiente sea el uso de las áreas urbanas, menos se expande la ciudad hacia el campo, facilitando el acceso al suelo urbano y dejando más espacio para los ecosistemas.

David Owen, escritor del libro “Lo que las ciudades pueden enseñar al campo sobre sostenibilidad” expone las bondades de la compacidad, narrando su experiencia en una comunidad sostenible de la costa este de los Estados Unidos:

“… Decidimos hacer de nuestro primer hogar una comunidad ambientalista utópica en el estado de Nueva York. Durante siete años vivimos en situaciones de austeridad que varios americanos clasificarían de extremas. Nuestro espacio de vivienda medía tan solo 63m2, no teníamos secador de ropa, ni automóvil. Hacíamos nuestras compras a pie, y cuando necesitábamos desplazarnos una distancia mayor usábamos el transporte público. Nuestra cuenta eléctrica era cercana al dólar diario. Esta utópica comunidad se llama Manhattan.”

Aunque la “Gran Manzana” no es el primer lugar que viene a la mente cuando imaginamos una utopía sostenible, es un gran ejemplo de cómo una ciudad mixta y compacta puede mantener la urbe fuera del campo, ampliar significativamente las áreas boscosas y garantizar lugares vibrantes y agradables para vivir.  

Nueva York no solo es famoso por sus rascacielos, también por su vibrante vida urbana, diversidad de comercios y sus hermosos y amplios parques: Prospect, Bryant, Battery, Riverside y Hudson, se unen al Central Park -de Frederick Law Olmsted- y 1938 parques más, que cubren el 15% de la superficie de la ciudad. A estos se suman otras iniciativas paisajísticas como el “New York Highline” de Scofidio+Renfro, una línea de tren elevada que -había sido abandonada desde los 80- se convirtió en un parque lineal aéreo de 2,5 kilómetros de longitud.

Hay que admitir que los parques urbanos -por muchos que haya en la “Ciudad que Nunca Duerme”- no pueden suplir el papel de un bosque como el Amazonas. Pero gracias a su estrategia de compacidad, New York también sabe “no construir”. Es el estado con el mayor porcentaje de área boscosa en los Estados Unidos. La Ciudad ha financiado la adquisición de los parques nacionales Catskill y Adirondack, este último -con un área de 24,700 km²- tiene una extensión mayor a Yellowstone, Yosemite, el Gran Cañón, la Reserva Glaciar, y los Great Smoky Mountains combinados. 

América Latina tiene varias ciudades de una escala y una compacidad similar a Manhattan, Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires y México son algunos ejemplos, pero estas no tienen mecanismos para compensar la protección de sus bosques. 

Los instrumentos de gestión del suelo, son mecanismos técnicos y normativos que permiten utilizar las plusvalías del desarrollo urbano para financiar la protección de nuestro entorno natural, sin recurrir a complejas maniobras fiscales o la filantropía, y podemos aplicarlos, a pesar de tener un modelo político distinto al de la ciudad que nunca duerme.

La transferencia del potencial edificable es un instrumento normativo que permite a operaciones inmobiliarias estratégicas comprar el “derecho a construir” que de una propiedad rural de menor valor. Con esto, puede traspasar las alturas de construcción permitidas en el Plan Regulador y ampliar la edificabilidad de un proyecto. La transacción ofrece al propietario de la finca que emite el derecho, una contraprestación por el servicio ambiental que ofrece, en lugar de aplicarle una carga o limitación arbitraria.

Las normas de edificabilidad (cobertura y altura) también pueden incentivar los proyectos que cedan áreas verdes a la ciudad, dentro de una estricta lógica de orden económico y ecológico. Hay que recordar que -por necesarias que sean- las áreas verdes de calidad tienen un costo elevado y los desarrolladores inmobiliarios no son filántropos. Los incentivos deben utilizarse para que las áreas verdes no comprometan la utilidad de los proyectos, no deben ser un mero reconocimiento simbólico.

¡Ojo! En las ciudades, no todas las áreas verdes son útiles. Es difícil para las autoridades controlar la conservación de los patios traseros, por lo que generalmente se terminan. Las amenidades obligatorias de los condominios son rara vez utilizadas a su máxima capacidad. Todas las áreas verdes “obligatorias” deben ir al frente y afuera, donde puedan ser utilizadas intensivamente.

 Jardines externos, edificio Ruta N, Medellín.

Algunos municipios también han optado por colocar cargas económicas a los lotes baldíos. Este incentivo hace que sean utilizados, manteniendo la ciudad dentro sus límites, dinamizando la economía y facilitando el acceso al suelo urbano al reducir los precios que la especulación tiende a inflar.

Imaginemos que las 100 ciudades más extensas de América Latina adoptaran instrumentos como estos para financiar la protección de los ecosistemas. Si pudieran captar 1$ mensual por cada metro cuadrado, en 20 años se lograría financiar la conservación definitiva del Amazonas; reconociendo un valor de $2500 por hectárea a cada propietario de terreno boscoso.

¡No es imposible! Haciendo un uso intensivo del suelo urbano, esta meta se podría alcanzar mucho antes del 2050 y para el siglo XXII habríamos convertido nuestras ciudades en verdaderos motores de una sostenibilidad real. Ya no es algo trivial, el Amazonas está en llamas, estamos en peligro de muerte. ¡Es la ecología economistas! El nuevo negocio del siglo XXI.